Por unanimidad, la Legislatura Unicameral aprobó una ley que no sólo otorga protección a las personas víctimas de delitos sino que amplía sus derechos.
“Se trata de un cambio de paradigma, que no rompe el sistema acusatorio”, expresó el Ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, cuya cartera participó activamente en la creación de la nueva normativa.
Impulsada por el Ejecutivo provincial, y que contó con activa participación institucional del Ministerio de Justicia y Trabajo, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la “Ley Joaquín”, en homenaje a Joaquín Sperani, el adolescente asesinado el 29 de junio de 2023 por un compañero de escuela en la ciudad de Laboulaye.
La nueva normativa, que le otorga marco jurídico y garantiza la protección integral y el trato digno a las personas víctimas de delitos, modifica el Código Procesal Penal y otorga a los afectados un rol activo y vinculante durante las etapas del juicio.
Además, establece la obligatoriedad de brindar asistencia interdisciplinaria, evitar la revictimización y capacitar al personal estatal en derechos humanos.
“Es un hecho histórico porque se trata de un cambio de paradigma, que pone a la víctima en el centro del proceso y lo hace sin romper el sistema acusatorio ni las garantías constitucionales y legales que tienen los imputados o investigados en distintos delitos”, afirmó el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López.
Para la sanción de la nueva ley, que transforma los derechos de las víctimas en herramientas operativas y exigibles, fue clave el acompañamiento a la familia Sperani y de cuyo diálogo se impulsó el proyecto que finalmente dio a la luz en la sesión de hoy jueves.
“Quiero destacar el trabajo que llevó adelante la familia Sperani, fundamentalmente Martín y Mariela quienes, en reconocimiento de su hijo Joaquín, y a partir de ese hecho tan difícil que les tocó atravesar, pudieron transformar ese dolor en lucha y en conquista de derechos concretos para gente que atraviesa situaciones similares. A partir de esta ley, el paso de las víctimas por el proceso no volverá a ser el mismo”, valoró el ministro López.
Con esta ley, que necesitó del consenso de diversos sectores políticos y del ámbito judicial, se asegura que las víctimas sean escuchadas en decisiones clave, como la concesión de prisiones domiciliarias o libertades condicionales.
De este modo, la Provincia busca transformar los derechos de los ciudadanos en garantías operativas y efectivas dentro del sistema judicial.
En este sentido, López agregó: “Muchas de las reformas que se impulsan en esta ley habían sido tomadas por el Poder Judicial e impulsadas a través de distintos acuerdos, pero no se aplicaban de manera unánime. Ahora, se suma una nueva norma al procedimiento penal, que es mucho más amplia que la ley nacional de víctimas. Además contempla la posibilidad de la participación activa de la víctima durante el proceso penal y en la etapa del cumplimiento de la pena”.
Durante la sesión legislativa donde se aprobó la ley, participaron funcionarios del Ministerio de Justicia y Trabajo, tales como el secretario de Justicia, Leandro Goria; la subsecretaria de Asistencia a las Personas, Alicia Salusso y el director de Política Judicial y Reforma Procesal, Pablo Sánchez Latorre.
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