La “Ley Joaquín” y la definición de violencia institucional Uno de los principales temas que aborda el proyecto de ley de establecimiento de un
Régimen Provincial de Protección de las Víctimas de Delitos en Córdoba es el referido a la
violencia institucional.
En la también denominada “
Ley Joaquín” —llamada así como homenaje al joven de 14 años asesinado en la ciudad de Laboulaye por otro menor de la misma edad el 29 de junio de 2023— incorpora la
definición de violencia institucional.
“Se entiende por violencia institucional todo acto u omisión de agentes del Estado —o de personas que actúan con su autorización, aquiescencia o tolerancia— que cause daño físico, psíquico, económico, sexual o de cualquier otra naturaleza a los derechos fundamentales de las personas”, define dicha normativa, que finalmente sería votada y sancionada a finales de este mes.
El texto —al que accedió
Nexos del Sur— de Régimen de Protección fue elevado desde el Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador
Martín Llaryora, y ya cuenta además con el
despacho de minoría.
El caso Zarandón: un crimen que marcó un precedente Dentro de la definición citada, se hallan —mencionando el primero de los puntos—, los actos u omisiones ejercidos por miembros de las
fuerzas policiales y de seguridad en el marco de operativos, detenciones, traslados o custodia, incluyendo el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, la privación arbitraria de libertad y el hostigamiento sistemático.
Uno de los casos criminales que sacudió a la cabecera del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña y trazó un camino hacia un paradigma de protección de las víctimas, fue el de
Álvaro Zarandón, cuyo
homicidio se incluye en el enunciado transcripto.
Álvaro, a los 16 años de edad y en la madrugada del 8 de febrero de 2013,
recibió un balazo cuando 13 efectivos policiales llevaban adelante un operativo en el sector este de Laboulaye.
Buscaban a otro adolescente pero, ante una situación de huida, abrieron fuego incomprensiblemente.
Impunidad y alcances de la nueva normativa Uno de esos proyectiles mató a Zarandón y hasta la fecha, el crimen
permanece impune y con los mismos uniformados participantes acusados y procesados penalmente. El
ítem b), vinculado al precedente y sin perjuicio de otras situaciones contempladas, prevé la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes practicados por agentes del Estado en dependencias policiales, penitenciarias, institutos juveniles u otros establecimientos de detención o internación.
Tres puntos clave ✅ La “Ley Joaquín”, impulsada por el gobierno de Córdoba, incorpora por primera vez una definición formal de violencia institucional e incluye el uso ilegítimo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tratos degradantes por parte de agentes del Estado.
▶️ El caso Zarandón —un adolescente de 16 años baleado y asesinado en 2013 durante un operativo policial en Laboulaye— funciona como precedente emblemático de la norma, con el crimen aún impune y los efectivos involucrados procesados penalmente.
☑️ La ley, próxima a ser sancionada, busca establecer un régimen provincial de protección a las víctimas de delitos que contemple y castigue específicamente los abusos cometidos desde las estructuras del propio Estado.
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