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29 de julio de 2025

Laboulaye. Victoria Busso destacó el aumento jubilatorio y la defensa respetuosa de los derechos cordobeses

La legisladora departamental Victoria Busso se hizo eco del anuncio del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en el cual aseguró que habrá un aumento del haber mínimo jubilatorio provincial, cuyo porcentaje de incremento será del 84, 21%, pasando de $380.000 a $700.000 mensuales.



La representante del distrito Presidente Roque Sáenz Peña dijo que lo comunicado desde el Ejecutivo provincial el pasado domingo en materia previsional, ratifica el mensaje de la gestión que integra cuando sostiene que “vale la pena luchar por Córdoba; sobre todo, por los recursos que nos pertenecen y que son de todos los cordobeses”.



Esta última declaración tiene un contexto: después de años de reclamos de parte de la Provincia, la Corte Suprema de la Nación le ordenó al Gobierno federal la restitución de los fondos de la deuda de la Caja de Jubilaciones, lo que implicará transferencias de 5 mil millones de pesos al mes durante un año.



Dicha cifra cubrirá el aumento anunciado. Sin embargo, advirtió el gobernador, la suba quedó supeditada al envío de ese dinero.

Puntualmente con las jubilaciones, es un reclamo que lleva años: año tras año lo han hecho tanto José Manuel De la Sota como  Juan Schiaretti, dos exgobernadores, y es una posta que tomó nuestro gobernador Martín Llaryora. La Corte Suprema ha logrado, en estas reuniones conciliatorias que han tenido el Gobierno Nacional con el Provincial, llegar a un acuerdo”, afirmó la legisladora.




Y sentenció: “Este acuerdo, que ha llegado luego de muchos años, hoy vuelve al bolsillo de nuestros jubilados. Entonces creo que es una política coherente, en la que no se pelea por pelear. Y cuando digo pelear, me refiero a hacerlo con respeto, sin agresiones ni violencia; sino defendiendo el derecho de los cordobeses más vulnerables”.




El mandatario cordobés también manifestó que recibirán un bono bimestral de $100.000 los jubilados que cobren hasta $1.300.000 mensuales, como complemento adicional no contributivo.



Avalando la decisión remunerativa, Victoria Busso remarcó que la justicia social “es una política de Estado para nosotros”, en el marco de un superávit fiscal de las cuentas públicas, pero sin excluir a la gente y menos aún, a los más vulnerables.

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