26 de julio de 2025
Empleados de la Agencia Nacional de Seguridad Vial rechazan su cierre: “No es un gasto, es una inversión en vidas”
Los trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) emitieron un comunicado en el que advierten sobre las graves consecuencias que implicaría su cierre, dispuesto por el Decreto 461/2025.
Señalan que la ANSV es un organismo civil, técnico, autárquico y autofinanciado, creado por la Ley Nº 26.363 en 2008, cuya misión es clara: reducir la siniestralidad vial en todo el país.
La agencia no depende del presupuesto nacional y se financia con el 1% de los seguros, por lo que no representa un gasto para el Estado, han declarado.
Entre sus funciones destacan: controles de velocidad y alcoholemia con tecnología homologada, fiscalización en rutas, coordinación federal con provincias y municipios, campañas de educación vial y la aplicación efectiva de la Ley de Alcohol Cero.
También gestiona la Línea 149 de asistencia gratuita para víctimas de siniestros viales.
Desde su creación, la ANSV logró reducir las víctimas fatales de 5.361 en 2008 a 3.894 en 2024, salvando más de 1.400 vidas por año. Solo en 2024, realizó 70.000 operativos y controló más de 3 millones de vehículos, cifras verificables mediante sistemas auditables como SIGO, URBETRACK, SINAI y SIGISVI.
El decreto propone trasladar sus funciones a Gendarmería Nacional, lo cual, según el comunicado, representa un retroceso institucional: Gendarmería no tiene equipamiento homologado, carece de formación técnica en seguridad vial y solo tiene convenios con el 3% de los municipios. Además, el informe en el que se basa el decreto presenta datos erróneos, omisiones graves y tergiversaciones.
“La ANSV no se puede cerrar. No es un gasto, es una inversión en vidas”, expresaron los empleados en el cierre del comunicado, destacando que el organismo lleva adelante una de las políticas públicas más efectivas y sensibles del Estado argentino.
La seguridad vial, afirman, no es un lujo ni un trámite burocrático: es la defensa activa del derecho a la vida, consagrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
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