En la 27° Sesión Ordinaria de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, llevada a cabo el día de la fecha, se debatió la Cuenta de inversión 2022, que tiene por objeto aprobar o desaprobar la gestión económica del Gobierno provincial.
La legisladora Patricia De Ferrari, en su rol de informante de la Comisión de Economía por el Bloque Juntos UCR, brindó los motivos por los cuales recomendó su “desaprobación”.
En relación al tratamiento de la Cuenta de inversión como instrumento de control legislativo la legisladora argumentó:
“Fue un acierto lograr que volviera la sana costumbre de debatir cómo se gastaron los recursos públicos por más que la mayoría (de los legisladores) lo aprobara sin más, a todos nos permitió indagar, debatir, publicar qué hacía el gobierno con los recursos de nuestros impuestos.” Este debate, que toma importancia porque acompaña al cierre de ciclo de los últimos dos mandatos del Gobernador, la Legisladora aclaró que este tratamiento en especial
“brinda la posibilidad de ver en el tiempo y en las consecuencias la abismal diferencia que existe entre cumplir con los requisitos elementales que manda la constitución respecto a las obligaciones del Estado para con los ciudadanos”.
Por lo mismo aclaró que el bloque Juntos UCR rechaza esta Cuenta de Inversión, agregando que es acorde a lo planteado por el Tribuno de Cuentas de la oposición, Dr. Ochoa, y en consonancia con los análisis y debates que que se propusieron y explicaron en los diferentes trabajos de Comisión llevados a cabo a lo largo de dos meses.
En su alocución expresó que
“en estas instancias sin dudas la cuestión nos lleva a la reflexión sobre los propósitos de la acción pública y los resultados obtenidos, máxime en tiempos donde el rol del Estado y del Mercado están siendo fuertemente cuestionados”.
La administración del sector público provincial presenta desde hace años una arquitectura contable, financiera y de control dividida en dos. El gobierno con sus leyes de contabilidad pública creativa ha creado estructuras que, siendo personas jurídicas de derecho privado (las distintas Agencias), brindan servicios públicos, pero con menores estándares de control legislativos y de transparencia pública que el resto de los Ministerio y Secretarías de Estado.
“Durante esta gestión existieron enunciados rimbombantes respecto a la incorporación de indicadores de proceso y resultado o la incorporación de los ODS 2030 en la planificación de políticas públicas, pero de hecho poco se hace al respecto”, marcó De Ferrari.
Luego, en relación a la aplicación de los fondos transferidos a Municipios y comunas, dijo que
“las transferencias 'no automáticas' a municipios y comunas de la provincia ingresa en una situación difusa porque los recursos salen de las arcas de la provincia, pero la rendición de cuentas se realiza en los municipios. Estamos hablando del 14% de las transferencias totales a municipios y comunas que representaron en 2022 $22.387 millones”.
De Ferrari explicó cómo fue el proceso por el cual el Estado financió la obra pública. Describió que, en el segundo mandato del Gobernador se financió con deuda externa; y en el tercero, con el ajuste a los jubilados y empleados públicos. En este sentido, reforzó el rol que la inflación tuvo sobre las cuentas públicas diciendo:
“La inflación y la pandemia fueron los grandes aliados del gobierno para desfinanciar los servicios públicos de educación, salud, vivienda y salarios públicos. Es decir, al gobierno le sirvió la pandemia para hacer CAJA." Los ejes relacionados en materia de servicios públicos, formaron parte central de su discurso Sobre Educación dijo,
"en términos reales existe una reducción de las partidas asignadas a la finalidad educación, las cuales en 2022 representan el 76% de las asignadas en 2016. En participación del presupuesto también se observa una reducción entre 2016 (33,2%) y 2022 (24,7%)." Reforzó su argumento analizando las sub ejecuciones presupuestarias en infraestructura y el incumplimiento de la inversión del 35% del presupuesto en educación, por lo que aclaró,
“las ejecuciones de obras de infraestructura escolar (353-Infraestructura de escuelas y 378-Programa de reparación, ampliación y construcción de escuelas), tuvieron asignados en conjunto $3.585 millones y se ejecutó $1.074 millones, es decir el 30%". Además,
"existe un incumplimiento manifiesto de la Ley de Educación Provincial que exige una inversión del 35% del presupuesto total anual de gastos para la finalidad Educación. En el año 2022 fue del 24,7%". Por lo que manifestó que el gobierno debe reparar el daño por incumplir la Ley de Educación provincial y para ello, sostuvo que
“la provincia debería reponer aproximadamente $984.431 millones a precios de septiembre de 2023 lo que implicaría un shock positivo de 91,93% más del presupuesto 2023 a la finalidad educativa." Sobre
Salud declaró,
"en términos porcentuales el porcentaje presenta una tendencia decreciente entre 2016-2022 pasando del 9,5% en 2016 al 8,5% en 2022". A su vez profundizó sobre el grave problema de las clínicas del interior y la concentración de la demanda, por lo que sostuvo:
"Mientras la demanda de servicio público de salud incrementa, la inversión se vio menguada en términos reales." Sobre
Vivienda y Hábitat planteó la inexistencia de una política de Estado:
"La inversión en finalidad vivienda es en promedio del 1,1% del presupuesto anual entre 2016-2023". Profundizó sosteniendo que
"la inversión en la finalidad vivienda (1,2%) (2022) equivale a 1.769 viviendas de 60 mts2 que se construirán en 2023 es el 0,63% del déficit habitacional crítico." Recordó que
“el gobernador prometió en 2019 construir 25.000 viviendas, ahora bajó la cantidad prometida a 10.000 créditos y solo entregó 7.500 hasta 2022, según lo confirmó en la apertura de sesiones de 2023". Dimensionó el problema de vivienda y hábitat en la provincia asegurando que en Córdoba no tienen acceso a una vivienda digna el 25% (Estudio de CIPEC 2023) de los hogares, por lo que existe un déficit habitacional crítico de 257.961 viviendas.
En cuanto a la
inversión social, sostuvo que presenta una tendencia creciente llegando a representar en 2022 el 270% de lo invertido en 2016 en términos reales y pasando de representar el 2,5% del presupuesto en 2016 a 6,7% en 2022.
Al respecto planteó que "la inversión en asistencia social de 2023 alcanzará a cubrir 73.004 canastas básicas alimentarias (CBA) mensual de familias por lo que se podría cubrir el equivalente a todos los hogares indigentes y una proporción de los pobres. Entonces, ¿por qué existe indigencia de ingresos? Porque se trata de un sistema fragmentado entre niveles de gobierno, múltiples programas y burocracia administrativa y tiene un enfoque de política social subsidiaria. Debemos pasar a esquemas más Universalistas y con enfoques de construcción de ciudadanía".
Sobre la
política de empleo afirmó que
"parece ser más marketing que una política efectiva, ya que cuenta con 32.000 programas que pagan ingresos debajo de la línea de indigencia, mientras existen necesidades de trabajo por 242.000 ya sean desocupados o subocupados demandantes." Pasando a la
política de seguridad dijo que,
"entre 2016 y 2022 la inversión real en seguridad y justicia se redujo hasta representar en el último año un 88% de la inversión en 2016". En cuanto al esquema de endeudamiento de la Provincia de Córdoba, en este sentido la legisladora radical argumentó:
"El gobierno de Córdoba expone al Estado provincial a una situación de 'riesgo cambiario' porque más del 90% del stock de deuda del 2022 y para 2023 son nominados en moneda extranjera y genera una sobre exposición a situaciones de depreciación de la moneda nacional." Finalizando su discurso, la legisladora enfatizó en el
"modelo Córdoba" instalado por el oficialismo:
"El gobierno de Hacemos por Córdoba, lejos de ser un modelo de progreso y movilidad social ascendente en los últimos 23 años en general y los últimos 8 años del gobernador Schiaretti en particular, se trató de un modelo que desequilibró los poderes del Estado, híper concentrando funciones, recursos económicos, propagandísticos y de obra pública en el Poder Ejecutivo, en desmedro de las funciones de los otros dos poderes. La gestión de 2022 no fue la excepción…"
"En definitiva, estamos frente a un gobierno con una lógica de acumulación de poder, recursos económicos, mediáticos y privilegios sin precedente desde la recuperación de la democracia", finalizó la parlamentaria.
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