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4 de agosto de 2022

CASO ZARADÓN. Se viene otro juicio contra el “Perejil de Laboulaye”

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Un nuevo juicio contra el único imputado por el asesinato de Álvaro Zarandón, un joven de 16 años ultimado en un operativo policial ocurrido en Laboulaye a principios de 2013, comenzará en los próximos días en Río Cuarto; un proceso cuyo caso está “plagado de irregularidades y vaivenes”, e, incluso, con una conclusión descartada por la Justicia.

Maximiliano Celi fue absuelto por la Cámara en lo Criminal y el Jurado Popular que dictaminaron su inocencia en 2014; pero después de años de idas y vueltas, el Tribunal Superior provincial cuestionó el fallo absolutorio, lo anuló y ordenó otro juicio fuera de Laboulaye, lugar donde se ejecutó el crimen, en un procedimiento que involucró a 13 agentes policiales.

“No habla bien de la Justicia que a casi diez años ya de ocurrido el hecho, el tema no se haya resuelto. En esta cuestión hay dos víctimas: la familia de Álvaro y la de Celi”, comentó a Nexos del Sur el abogado defensor del efectivo acusado, Marcelo Torres, uno de los principales protagonistas del cinematográfico juicio desarrollado en Laboulaye, al cual también denomina el “Juicio del Perejil”.

Para el mencionado penalista el imputado absuelto se convirtió en el perfecto chivo expiatorio que cargó con la pesada responsabilidad de la muerte debido al escándalo mayúsculo que hubiera constituido acusar y enjuiciar a más de una decena de uniformados.

“En las crónicas actuales se observa que quedan imputados todos los policías que participan de un acto de ‘gatillo fácil’. Con Celi, da justo la casualidad que era el agente de menor rango, no tenía ningún ‘padrino’ en la fuerza que lo protegiera y pocos recursos económicos; lo que nos ha llevado a pensar que estamos frente al perejil de esta causa”, dijo el letrado.

Torres sostiene que “el caso se quiso cerrar rápido porque conmocionó a Laboulaye, que a su vez se vio doblemente conmocionada por la persecución a un inocente”.

JURISDICCIÓN EXTRAÑA. Al cuestionamiento de la nulidad de la absolución –que fue declarada casi por unanimidad–, el abogado defensor añade una posible violación o, al menos, una vulneración de una garantía constitucional: la del “juez natural, porque si hay otro juicio se debería hacer en Laboulaye, a lo sumo con nuevos jurados y, sin embargo, se lo lleva a una jurisdicción extraña: Río Cuarto”.

Marcelo Torres describió más suspicacias provenientes de este proceso, que serán objeto de otro artículo previo al inicio del debate penal propiamente dicho.


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