Los abogados defensores del agente de la Policía de la Provincia de Córdoba Maximiliano Eli Celi,
denunciaron ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Cuarto la vulneración de las garantías constitucionales de su defendido y pidieron la suspensión del proceso que podría abrir un nuevo juicio contra Celi en la anteriormente citada ciudad.
El agente fue
el único acusado por el asesinato del joven de 16 años Álvaro Zarandón, ocurrido en Laboulaye en la madrugada del viernes 8 de febrero de 2013 y absuelto el 29/9/2014 del delito de homicidio calificado por abuso funcional por la Cámara de la cabecera del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña y los Jurados Populares que participaron en el juzgamiento del imputado, el cual se encontraba dentro del grupo de 13 efectivos policiales que aquella noche desarrollaba allanamientos y del que surgió la bala que acabó con la vida de Zarandón.
Pero el 21 de noviembre del pasado año
la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba anuló la sentencia dictada en los Tribunales de Laboulaye y
dispuso la realización de un nuevo litigio en la jurisdicción riocuartense.
Contra esta decisión los penalistas Marcelo Torres y Federico Raso interpusieron un Recurso Extraordinario Federal ante el TSJ, el cual fue denegado, por lo que
debieron recurrir al Recurso de Queja y a través de él, buscar llevar el caso frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según argumentan los letrados, “fluye con meridiana claridad” que la sentencia absolutoria que luego fuera anulada NO SE ENCUENTRA FIRME, dado que se halla sujeta a la previamente indicada queja.
En este contexto, el jurista Marcelo Torres
no descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington D. C., Estados Unidos y, de resultar necesario, a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos con asiento en San José de Costa Rica.
“Nos encontramos frente a un claro supuesto de lo que en materia procesal se denomina un
litis pendencia o también
ne bis in idem, lo que equivale a decir que
de proseguirse las actuaciones se estaría llevando a cabo un nuevo proceso penal cuando todavía no ha quedado definido si la sentencia absolutoria tiene o no vigencia” explicó a Nexos Marcelo Torres, quien encabeza la defensa del policía.
Para Torres
existen posturas doctrinarias y resoluciones de la CSJN que avalan lo solicitado por los defensores y prohíben “la aplicación de una sanción por el mismo hecho anteriormente juzgado y que ello ocurra mediante un nuevo juicio, con todas las degradaciones e implicaciones que conlleva el mismo. Por eso
pedimos la SUSPENSIÓN DE ESTE PROCESO hasta tanto quede resuelta nuestra queja”.